La doctrina
Parot o el Estado de Derecho
Resulta complicado abordar con sensatez y
desde un criterio racional todo lo relacionado con la sentencia del Tribunal de
Estrasburgo, por la que se declara ilegal la doctrina Parot, sin el temor de menospreciar a las víctimas.
Es por eso por lo que se acaba contentando a estas últimas pasando de puntillas
y con sigilo por el lado de la ley y del derecho internacional
Para
ciertos grupos de opinión; políticos, periodistas y analistas, les es
más fácil y como no, más productivo también,
caer en el populismo a costa de sacrificar la coherencia más elemental.
Y me refiero a la aptitud de algunos dirigentes políticos que se contradicen a
ellos mismo como políticos y al Estado de Derecho al criticar la sentencia del
Tribunal de Estrasburgo, cuando lo
coherente seria hacer pedagogía con el ciudadano haciéndole entender que el
concepto de “imperio de la ley” como fundamento del Estado de Derecho nos
asiste a todos por igual. Hacer entender al ciudadano que el derecho internacional,
al que estamos sujetos y al que representa el Tribunal de Estrasburgo, es lo
que nos garantiza a la ciudadanía la aplicación de la justicia en el marco
internacional y preserva las leyes que garantizan los Derechos Humanos. En
definitiva, hacerles ver a los ciudadanos y en especial a las víctimas, que el
culpable de este desaguisado no ha sido Estrasburgo, sino el Gobierno, tanto el
actual como el anterior, con su decisión de
usurpar el principio constitucional de irretroactividad de la ley y
ocultar su ineptitud con el propósito de satisfacer a las víctimas.
La imagen del ministro de justicia o el
de interior, cabizbajo, disculpándose
ante un sector de las víctimas y de la ciudadanía, pidiendo perdón por no poder
vulnerar el elemental principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables , incluido en el artículo 9 de nuestra
Constitución, y principio fundamental del derecho internacional, resulta como
poco, patético e insultante.
Menospreciar el Derecho Internacional,
cuestionar al Tribunal de Derechos Humanos, al mismo tribunal, por cierto, que
ratifico la sentencia del Constitucional de declarar ilegal al entorno político
de ETA
Tal vez, lo lógico y también lo
coherente, hubiese sido explicar porque tuvieron que pasar más de treinta años de terror y asesinatos de
ETA para que se decidiera a cambiar el Código Penal, y ampliar con ello el
máximo de prisión permitido. Pero, claro, se verían en la tesitura de explicar por
qué durante todos estos años la lucha antiterrorista estuvo más vinculada a
estrategias basadas más en intereses políticos que en acabar con el terrorismo.
Y ni que decir tiene que, hubiese sido
deseable observar el mismo recelo y protección que muestra este Gobierno hacia
las víctimas de ETA que hacia las del franquismo, estas a las que lejos de
hacer “juegos malabares” con la ley para protegerlas, directamente se las
ignoran, a la ley y las víctimas.
Pero no se puede abordar esta cuestión sin
entrar el fondo de la misma. Y el fondo radica en qué concepto de castigo queremos.
¿Es la reinserción el fin de cualquier pena (art.25 CE) o lo que buscamos es la
venganza? ¿Qué castigo o cual sería el
número de años de condena que satisfacerían nuestras consciencias? ¿Y la de la
víctima? La terrorista Inés del Rio ha pasado en prisión veinte tres años. Si no se hubiese derogado la doctrina
Parot, hubiese salido siete años más tarde, cumplimento el máximo permitido que
es de treinta años. ¿Se hubiesen dado por satisfecho las víctimas? ¿Qué
estaríamos pidiendo entonces?
Nadie se puede colocar en el lugar de las
víctimas. Podemos entender, compartir o incluso participar de su dolor. La
diferencia radica en que a los demás, el dolor, la pena y el recuerdo nos dura
lo que la noticia dura. Pero para una víctima el dolor es eterno. ¿Cuál es el
principio que ha de regular el derecho?, ¿el dolor? O la razón.
Flaco favor a la justicia y a la sociedad
en general hace el político que menosprecia el derecho y la ley en pro de un
populismo por el que no dudara en utilizar a las víctimas como instrumento del
interés partidista en algunos momentos y el menosprecio más absoluto en otros.
La manipulación constante que se hace de
las víctimas y de sus sentimientos por parte de la derecha española, otorgándose
el patrimonio absoluto del dolor y del reconocimiento de las víctimas, daña
nuestra democracia, nuestro Estado de derecho y por supuesto menosprecia el
dolor de las víctimas.